El abogado de la UE abre la puerta a anular las hipotecas poco transparentes ligadas al IRPH

El letrado considera que «la fórmula matemática de cálculo» empleada por la banca es «compleja para un consumidor medio»

Una cantidad de entre 250 y 300 euros mensuales ha sido, en especial durante la recesión, la diferencia entre mantener la casa o perderla. Ese es el desembolso que, según las entidades de afectados, han abonado de más quienes tenían su hipoteca vinculada al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) respecto a quienes usan el euríbor. En total, más de un millón de ciudadanos. El caso ha llegado a la justicia europea, que debe dirimir si estas hipotecas están regidas por la directiva sobre cláusulas abusivas para determinar su grado de transparencia. Y, de momento, el abogado general de la UE, cuya opinión no es vinculante pero sí condiciona la decisión del tribunal, ha abierto la puerta a que los jueces puedan declarar abusivos esos contratos y compensar a sus clientes al considerar que «una cláusula contractual pactada entre un consumidor y un profesional», también la del IRPH, «no está excluida del ámbito de aplicación de la directiva». Y anticipa que «la fórmula matemática de cálculo resulta compleja y poco transparente para un consumidor medio».

Lo que debe dirimir el Tribunal de Justicia de la UE no es si esa referencia es legal o no, sino sobre si estos contratos están sujetos a tutela judicial y, por lo tanto, puede determinarse la transparencia y claridad de sus cláusulas. En plata: si está sujeta a la directiva comunitaria sobre cláusulas abusivas, por la que la justicia europea ha asestado ya varios golpes a España.Y el Abogado General considera que sí, pero que en todo caso deben ser los jueces nacionales quienes examinen caso a caso si la cláusula cumplía con esos requisitos.

La causa llegó a Luxemburgo después de que un cliente de Bankia cuya hipoteca estaba referenciada al IRPH presentara una demanda de nulidad de esta cláusula por considerarla abusiva ante el Juzgado de Primera Instancia número 38 de Barcelona, cuyo titular decidió formular una cuestión prejudicial a la justicia europea. El abogado general Maciej Szpunar considera que, este caso, la entidad financiera «cumplió la exigencia de transparencia» que impone la directiva, puesto que el cliente podía acceder a los sistemas de cálculo de los diferentes índices oficiales y compararlos con otras ofertas.

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